CCOO, UGT, CSICA Y CIC, sindicatos que ostentamos el 99% de la representación en la Mesa de Ahorro, queremos manifestar, que nadie pone en duda que hay tres necesidades básicas que el sector de las cajas tiene que satisfacer: 1) Desarrollar Instrumentos de Capitalización, pero que no pongan en riesgo el modelo social de las Cajas de Ahorro 2) Transparentar los riesgos en los balances para actuar sobre las entidades que lo necesiten y no acabar con el conjunto del sector y 3) Conseguir que el crédito vuelva a circular de manera normal por la economía nacional.
Para estos objetivos, en teoría, se hizo la modificación de la LORCA, que todos rechazamos porque lo que buscaba es lo que ahora se quiere conseguir, que es acabar con las Cajas de Ahorro.
A mitad de este proceso, se cambian las reglas del juego. No es cierto que la reconversión del sector financiero vaya lenta, lo cierto es que se ha empezado tarde, entre otras cosas porque tarde se reconoció, por parte del Gobierno, el tamaño de la crisis.
Las nuevas exigencias de capital básico anunciadas por la Ministra de Economía distorsionan la competencia y segmentan de manera definitiva al sector financiero entre entidades cotizadas y no cotizadas. De manera artificial se verá forzado a un proceso de concentración de entidades, tanto Cajas de Ahorro como cajas rurales y bancos, que buscarán cumplir con los nuevos requisitos aumentando su tamaño. Este proceso, y las nuevas necesidades de capital básico sobre activos, pueden retrasar la circulación del crédito al sistema productivo.
Exigimos respeto hacia el proceso iniciado y hacia sus principales actores: la sociedad, las empresas y los trabajadores de los que depende el crecimiento económico. Ante este escenario de cambios acelerados e inducidos, nos reafirmamos en las prioridades que venimos defendiendo desde el inicio de la crisis financiera:
- La defensa del empleo y las condiciones laborales de las plantillas del sector financiero, para lo que seguiremos intentando orientar el proceso para proteger a las personas, tanto en la negociación de los convenios colectivos del sector cuya negociación se inicia en 2011 como a través de los protocolos de empleo y acuerdos laborales en los procesos de reestructuración, como hemos venido haciendo durante 2010 con la firma de más de una veintena de acuerdos laborales en otros tantos procesos.
- La apuesta por empresas socialmente responsables que en estos momentos sean capaces de dotar, en primer lugar, de crédito a la economía, siendo particularmente exigible a las Cajas de Ahorros. Éstas deberían seguir manteniendo su modelo social, esto es, promover la inclusión financiera, distribuir parte de sus beneficios a través de la Obra Social y que la administración y el control de estas entidades, o de los bancos que creen para acceder a los mercados de capitales, lo sigan ejerciendo de manera mayoritaria sus órganos de gobierno.
- La viabilidad del conjunto del sistema basada en empresas solventes, eficientes y rentables.
Por todo esto, exigimos que el Gobierno modifique las medidas anunciadas ajustándolas al proceso de transparencia iniciado en el sector y adecuando su intensidad, y la urgencia de las mismas, a la situación real de cada empresa en relación con su solvencia. No es necesario poner bajo sospecha a todo el sector, no es necesario acabar con las Cajas de Ahorros, y por el contrario es urgente actuar en determinados casos. Estamos a la espera de conocer el decreto que presumiblemente vera la luz hoy y si en él se mantienen algunas de las medidas anunciadas y que ya hemos criticado, emprenderemos las acciones legales pertinentes en defensa de los puestos de trabajo y del propio Sector.
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Para estos objetivos, en teoría, se hizo la modificación de la LORCA, que todos rechazamos porque lo que buscaba es lo que ahora se quiere conseguir, que es acabar con las Cajas de Ahorro.
A mitad de este proceso, se cambian las reglas del juego. No es cierto que la reconversión del sector financiero vaya lenta, lo cierto es que se ha empezado tarde, entre otras cosas porque tarde se reconoció, por parte del Gobierno, el tamaño de la crisis.
Las nuevas exigencias de capital básico anunciadas por la Ministra de Economía distorsionan la competencia y segmentan de manera definitiva al sector financiero entre entidades cotizadas y no cotizadas. De manera artificial se verá forzado a un proceso de concentración de entidades, tanto Cajas de Ahorro como cajas rurales y bancos, que buscarán cumplir con los nuevos requisitos aumentando su tamaño. Este proceso, y las nuevas necesidades de capital básico sobre activos, pueden retrasar la circulación del crédito al sistema productivo.
Exigimos respeto hacia el proceso iniciado y hacia sus principales actores: la sociedad, las empresas y los trabajadores de los que depende el crecimiento económico. Ante este escenario de cambios acelerados e inducidos, nos reafirmamos en las prioridades que venimos defendiendo desde el inicio de la crisis financiera:
- La defensa del empleo y las condiciones laborales de las plantillas del sector financiero, para lo que seguiremos intentando orientar el proceso para proteger a las personas, tanto en la negociación de los convenios colectivos del sector cuya negociación se inicia en 2011 como a través de los protocolos de empleo y acuerdos laborales en los procesos de reestructuración, como hemos venido haciendo durante 2010 con la firma de más de una veintena de acuerdos laborales en otros tantos procesos.
- La apuesta por empresas socialmente responsables que en estos momentos sean capaces de dotar, en primer lugar, de crédito a la economía, siendo particularmente exigible a las Cajas de Ahorros. Éstas deberían seguir manteniendo su modelo social, esto es, promover la inclusión financiera, distribuir parte de sus beneficios a través de la Obra Social y que la administración y el control de estas entidades, o de los bancos que creen para acceder a los mercados de capitales, lo sigan ejerciendo de manera mayoritaria sus órganos de gobierno.
- La viabilidad del conjunto del sistema basada en empresas solventes, eficientes y rentables.
Por todo esto, exigimos que el Gobierno modifique las medidas anunciadas ajustándolas al proceso de transparencia iniciado en el sector y adecuando su intensidad, y la urgencia de las mismas, a la situación real de cada empresa en relación con su solvencia. No es necesario poner bajo sospecha a todo el sector, no es necesario acabar con las Cajas de Ahorros, y por el contrario es urgente actuar en determinados casos. Estamos a la espera de conocer el decreto que presumiblemente vera la luz hoy y si en él se mantienen algunas de las medidas anunciadas y que ya hemos criticado, emprenderemos las acciones legales pertinentes en defensa de los puestos de trabajo y del propio Sector.
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