Con “cuenta gotas” nos llega la información de las oficinas que se verán afectadas por los ajustes producidos en el seno del grupo Mare Nostrum.
El número aprobado de oficinas a cerrar era de 171 oficinas que, en un primer momento, se estaba produciendo de forma ordenada, reubicándose el personal sin apenas movilidad geográfica. Esta información, que pasaba por la representación laboral y los consejos de administración, respondía a los planes de integración aprobados por las Asambleas de las Cajas y el Acuerdo Laboral suscrito con la representación sindical.
Pero llega 2011 y entramos en “descomposición”. El BMN toma las riendas y encabeza una nueva iniciativa de más cierres de oficinas que transmite a los inversores como una medida de “fortaleza” financiera. Entendemos que una política agresiva de cierres de oficina no es precisamente el “fortalecimiento de una implantación en el arco mediterráneo y Madrid” divulgado entre nuestros consejeros y consejeras generales.
El 75% de las oficinas en la Comunidad Valencia se cierran, un dato que nos ha alarmado y más, siendo Caixa Penedés quien lo anuncia y quien pretende que sus plantillas se trasladen a Cataluña o, simplemente, se vayan. El Contrato de Integración y el Acuerdo Laboral protegía a estos compañeros y compañeras conservando su residencia en el territorio natural de expansión de Caja Murcia.
En Madrid, más de lo mismo. Las oficinas de Caja Granada y Sa Nostra (las de menor peso) se integran en Caja Murcia y Caixa Penedés, en los denominados “córner” (apartados destinados a atender el negocio de una oficina dentro de otra caja). A la plantilla les comunican que aquellos que sobren de Sa Nostra directos a Baleares, sin medir el alcance de sus noticias y sus consecuencias económicas y familiares.
El Acuerdo Laboral acordó la creación de las Comisiones de Seguimiento precisamente para que fueran informadas previamente a los procesos, expuestas las causas y valorados sus efectos, para emitir informes que verificaran su legalidad y transparencia. Pero esto no sucede y el Acuerdo no se cumple.
No estamos seguros que los consejos de administración, o algunos de sus miembros o de las asambleas, conozcan toda la realidad de lo que está sucediendo en la red y entendemos que siguen siendo parte fundamental en las decisiones del banco, protegiendo el valioso e imprescindible capital humano.
Elaboraremos informes que presentaremos a los consejos de administración a través de nuestros consejeros laborales para defender los derechos de las plantillas y exigiremos el cumplimiento de los acuerdos vigentes. Si no se nos escucha, emprenderemos acciones legales.
El número aprobado de oficinas a cerrar era de 171 oficinas que, en un primer momento, se estaba produciendo de forma ordenada, reubicándose el personal sin apenas movilidad geográfica. Esta información, que pasaba por la representación laboral y los consejos de administración, respondía a los planes de integración aprobados por las Asambleas de las Cajas y el Acuerdo Laboral suscrito con la representación sindical.
Pero llega 2011 y entramos en “descomposición”. El BMN toma las riendas y encabeza una nueva iniciativa de más cierres de oficinas que transmite a los inversores como una medida de “fortaleza” financiera. Entendemos que una política agresiva de cierres de oficina no es precisamente el “fortalecimiento de una implantación en el arco mediterráneo y Madrid” divulgado entre nuestros consejeros y consejeras generales.
El 75% de las oficinas en la Comunidad Valencia se cierran, un dato que nos ha alarmado y más, siendo Caixa Penedés quien lo anuncia y quien pretende que sus plantillas se trasladen a Cataluña o, simplemente, se vayan. El Contrato de Integración y el Acuerdo Laboral protegía a estos compañeros y compañeras conservando su residencia en el territorio natural de expansión de Caja Murcia.
En Madrid, más de lo mismo. Las oficinas de Caja Granada y Sa Nostra (las de menor peso) se integran en Caja Murcia y Caixa Penedés, en los denominados “córner” (apartados destinados a atender el negocio de una oficina dentro de otra caja). A la plantilla les comunican que aquellos que sobren de Sa Nostra directos a Baleares, sin medir el alcance de sus noticias y sus consecuencias económicas y familiares.
El Acuerdo Laboral acordó la creación de las Comisiones de Seguimiento precisamente para que fueran informadas previamente a los procesos, expuestas las causas y valorados sus efectos, para emitir informes que verificaran su legalidad y transparencia. Pero esto no sucede y el Acuerdo no se cumple.
No estamos seguros que los consejos de administración, o algunos de sus miembros o de las asambleas, conozcan toda la realidad de lo que está sucediendo en la red y entendemos que siguen siendo parte fundamental en las decisiones del banco, protegiendo el valioso e imprescindible capital humano.
Elaboraremos informes que presentaremos a los consejos de administración a través de nuestros consejeros laborales para defender los derechos de las plantillas y exigiremos el cumplimiento de los acuerdos vigentes. Si no se nos escucha, emprenderemos acciones legales.
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